Entre las leyes que entraron en vigor con el tratado de libre comercio entre Centroamérica, Dominicana y Estados Unidos (CAFTA-DR) hace cuatro años, está la incluida en capítulo 17, que obliga a los países a cumplir con normas ambientales según cada legislación nacional.

Este artículo en particular, según los expertos, tiene una dificultad especial para los legisladores en investigación y sentencias.

“El ambiente es, de alguna manera, diferente de otros asuntos legales porque es acerca de un espacio muy fluido y afecta a todo el mundo”, explicó Faith Shapiro, jueza estadounidense, que llegó al país para comentar a magistrados y otros funcionarios sobre las experiencias de EUA en el tema ambiental.

La idea de compartir los logros de ese país en esta materia es promover que en tribunales y demás casos medioambientales puedan “mirar desde fuera y más ampliamente hacia los resultados más justos para todas las personas y si hay un riesgo de daño sustancial, permitir adelantarse en el caso y tomar evidencia científica. Aplicar conceptos tradicionales a los casos”, sostuvo Shapiro.

Uno de los casos que compartirá está referido a la contaminación que provocaron los desperdicios químicos de una fábrica de pintura en Nueva Jersey (NY, EUA), donde la denuncia de la comunidad dio más fuerza al caso para que no quedara engavetado. Para la funcionaria es importante la prevención, “no tienen que mostrar necesariamente que están enfermos”, dijo. Puede ser con evidencias científicas.

Trabajo pendiente
Según Salvador Nieto, especialista legal del acuerdo USAID-CCAD (que surgió con el acuerdo CAFTA), bajo el artículo 17 ningún país de Centroamérica ha presentado querellas por delitos legales. Solo República Dominicana está tramitando dos casos aún sin sentencia.

Pero en El Salvador hay importantes casos como la contaminación por la fábrica de Baterías Récord, los barriles con toxafeno abandonados en oriente y denuncias por afectar las especies y el ambiente natural en la playa Los Cóbanos.

Nieto agregó que los retos para El Salvador y el resto de C.A. son promover la participación pública para denunciar estos delitos y fortalecer las capacidades del personal y las institucionales. “Muchas veces no hay un uso de los mecanismos de denuncia ciudadana”, dijo Nieto.

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